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| Edificio histórico de 12 y 58 |
Una de las tantas orfandades que tiene
el patrimonio edificado es la falta de una política de Estado a nivel nacional
para cuidarlo. Hay museos, hay casas históricas, hay paisajes, hay edificios
puntuales, todo con el común denominador de ser piezas sueltas protegidas con
el argumento de que “algo” importante pasó allí. Lo que no hay es una idea
coherente para proteger el mismo tejido de nuestras ciudades y pueblos, una
vara con qué medirse, una reglamentación que permita frenar a los vándalos y
marcar la cancha. Y, por supuesto, no hay ni remotamente una entidad que pueda
supervisar o cuidar todo esto.
Antes de llorar pensando en México y su ejército de
funcionarios custodiando el patrimonio, o de recordar que Minas Gerais hasta
tiene un fiscal en lo criminal cuidando edificios, hay que subrayar el fallo de
la Corte Suprema bonaerense que congeló la legalización de la destrucción del
patrimonio en esa ciudad. Lo hizo la Corte, la iniciativa fue de varias ONG y
vecinos, y el rol del Estado a distintos niveles fue el de hacer trampa, ser
indiferente o mostrar su impotencia total.
La historia comienza hace unos años, cuando se
protegen 1826 edificios en el Casco Fundacional de La Plata. Esta área es, como
su nombre lo indica, el dibujo original de la ciudad y los 1826 edificios
formaban parte del conjunto que queda de esos años, más agregados anteriores al
modernismo de mitad del siglo pasado. El escándalo fue mayúsculo, las críticas
llovieron y el gobierno municipal tuvo que pasar su protección por decreto.
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| La Plata desde el aire |
Tal vez por eso, el Concejo Deliberante platense
pasó a la clandestinidad. El Código fue insólitamente votado sobre tablas y sin
debate. La compleja ley fue vista apenas una vez por una comisión, la de
Planeamiento, en una sesión cerrada a la prensa de la que se expulsó a los
vecinos. No se consultó al Colegio de Arquitectos ni a la FADU local, como
marca la ley, y como para barrer toda crítica interna, se disolvieron la
Dirección de Preservación del Patrimonio de la misma Municipalidad y la Comisión
de Sitio, creada cuando se pensó en que La Plata fuera patrimonio de la Unesco.
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| Atardecer en Plaza San Martín |
La complicidad evidente del Estado municipal llevó
a una ONG a recurrir a la ley. La Asociación Civil La Ciega obtuvo un amparo de
la Cámara Federal de La Plata que decía, entre otras cosas, que el Estado a
nivel provincial no debía promulgar el Código. Pero Daniel Scioli anunció que
sí iba a firmarlo, como un trámite de rutina, con lo que hubo otro amparo. La
Fundación Biósfera, la Asociación Civil Hoja de Tilo y la Asociación Civil
Nuevo Ambiente se presentaron directamente ante la Corte Suprema bonaerense con
el patrocinio de una real experta, Ana María Bóscolo.
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| Pasaje Dardo Rocha |
La Corte también retomó una crítica que ya había
hecho la Justicia Federal en el primer amparo, a la única instancia del Estado
nacional que tiene como tarea entenderse con el patrimonio edificado. Tanto
federales como supremos hablaron de la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, señalando su insondable pasividad.
Esta comisión tiene un mandato creado hace muchos
años, cuando el patrimonio se entendía como la Posta de Yatasto o la casa de
Sarmiento. Era el tipo de entidad que no tiene problema en que se destruya
Tucumán si no se toca la casita de la Independencia. Pero como bien se sabe,
las instituciones pueden cambiar y si sus miembros muestran energía e ideas,
pueden ganarse otros roles. No fue el caso en La Plata.
Resulta que el Casco Fundacional de la ciudad es
“bien de interés histórico nacional” por decreto 1308 de 1999. Como tal figura
no existe en la Ley 12.665, que regula la comisión y el patrimonio nacional,
fue creada por disposición de la misma comisión y, con muy buen tino, fue
asimilada a la de Monumento. Sabiendo esto, la Justicia Federal platense tomó
el amparo de los vecinos, ya que la Ley 12.665 es una ley nacional, ergo de
alzada federal. Esto quiere decir también que ese juzgado consideró que se
podía accionar con la parte relevante del Estado nacional, o sea la misma
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos.
Nada de esto pareció preocupar demasiado a la
comisión, que se limitó a enviar notas y sólo al recibir presiones. Por
ejemplo, cuando el diputado nacional Horacio Piemonte le hizo un pedido de
informes. El 27 de agosto de 2010, la Comisión le contestó que le estaba
escribiendo al subsecretario de Vivienda y Urbanismo bonaerense “para que se
tenga en consideración” al votar el nuevo Código “el carácter patrimonial del
área protegida”.
Como se ve, el subsecretario de Vivienda no le
prestó demasiada atención a la carta. Tal vez sea por quién la firmaba: el
presidente de la Comisión Nacional es colega de gabinete del subsecretario, ya
que Juan Martín Repetto es subsecretario de Obras Públicas del gobierno
bonaerense.
En este lío político entre bonaerenses, el
funcionario bonaerense Repetto llevó a su comisión a actuar con una discreción
budista. Su único momento de indignación fue con la columna de m2 de la semana
pasada, en la que Facundo de Almeida escribió que el Decreto 1308/99 hacía de
La Plata un monumento histórico y no un bien de interés. El tono de la nota era
airado y ofendido.
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| Vista de Plaza Moreno |
Y muy lejano a la cautela del que no escupe para
arriba que exhibió Repetto y su Comisión en el caso La Plata. El
arquitecto-funcionario-presidente de comisiones parece no tener muy en claro
que la Comisión podría tener un papel verdadero en la preservación del
patrimonio si se lo propusiera. Repetto parece pensar que con sus notas
alcanza, que tienen efectos tajantes y ya en enero se quejaba por escrito a
este suplemento porque no se reconocía que los escalones del cementerio de La
Recoleta fueron restaurados por “instrucciones terminantes de esta Comisión”.
Cualquiera que revise la cronología de ese papelón verá que la Comisión llegó
tarde, cuando ya había un escándalo público. Cualquiera que viva en este mundo
sabe que el gobierno de Macri no corre a obedecer las “terminantes” órdenes de
la comisión.
El Código de La Plata terminó en la más alta sede
judicial que tiene la provincia de Buenos Aires, lo que invita a la idea de
llegar a la Corte Suprema de la Nación en busca de soluciones. Los concejales
se pasaron de rosca, el gobierno provincial se hizo el distraído y la Comisión
Nacional se enmudeció porque su presidente tiene una incompatibilidad de
funciones realmente espectacular. El Código no va a ser nunca aprobado como
está y los vecinos de la ciudad aprendieron cuáles son las armas para defender
lo suyo.
Y otra vez la única instancia nacional de
patrimonio quedó desmarcada, impotente, del lado de los escritorios.
