Desde la vuelta a la democracia en 1983, se resignifica el concepto de memoria, verdad y justicia. A pesar de que pasaron 35 años de aquel fatídico 24 de marzo de 1976 para la Argentina y para las democracias latinoamericanas, aún quedan deudas pendientes para con los más de 30 mil desaparecidos, para con los secuestrados, los torturados, los apropiados, sus familiares, amigos y para con los más jóvenes, que intentan comprender y saber qué fue lo que pasó.
Aún hoy aquel golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, que impuso el terrorismo de Estado como método de coerción y cimentó lo que en los '90 sería el modelo político económico del neoliberalismo, no puede ser superado del todo hasta que haya un solo genocida que no sea enjuiciado. No puede ser superado como colectivo social, hasta que no se haya recuperado hasta el último nieto; hasta que la memoria, la verdad y la justicia logren reconstruir los tejidos sociales dañados por los años del terror y la muerte.
El golpe cívico militar de 1976 significó para la Nación Argentina una de las etapas más dolorosas de su historia , tanto por la violación de los derechos humanos, la desaparición de personas y la apropiación sistemática de bebés como por la destrucción de su aparato productivo: miles de trabajadores secuestrados y desaparecidos, comisiones internas y gremios prácticamente vaciados permitieron a los personeros del imperio el desarme de la industria nacional, tarea que se continuó en la década del ’90 bajo el menemismo.
Todo esto logró calar muy hondo en los entramados sociales, lo que llevó a que algunos sectores aún hoy prefieran el olvido de esos años nefastos, dar vuelta la página y “mirar para el futuro” sin “mirar hacia atrás”. Es claro que ninguna sociedad puede construirse hacia el futuro si primero no supera las cuestiones del pasado que son las consecuencias que construyen el presente.
La llegada al gobierno de Néstor Kirchner entronizó como uno de los ejes de las políticas de Estado la defensa de los derechos humanos. En ese marco, la derogación en 2005 de las leyes de impunidad y perdón - las leyes de Obediencia debida, Punto final e Indulto- posibilitó la reapertura de diversas causas a los genocidas, y fue un paso decisivo para que el Estado cumpliera con su responsabilidad de ser garante de esos derechos. Por su parte el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner rescata los valores de Madres, Abuelas e Hijos, esos valores que como sociedad le dan identidad a una Nación que respeta, por sobre todas las cosas, los derechos humanos para proyectar el futuro.
Pasaron años, décadas para que hoy un país democrático, a través de las instituciones que corresponden, siga buscando Justicia por quienes desaparecieron, por quienes les fue robada la identidad, por los que sufrieron las torturas y lo pueden contar, por los familiares que recuerdan a sus seres queridos, por las futuras generaciones y por la historia, para que no sea otra vez testigo de la sinrazón, la crueldad y el despotismo.
Por eso este 24 de marzo de 2011 es necesario sostener los conceptos de Memoria, Verdad y Justicia para seguir avanzando hacia una sociedad más justa y soberana. Hacia el proyecto nacional y popular que se sintetiza en la propuesta de Cristina Fernández y en el legado de Néstor Kirchner que tanto supo hacer por el respeto a los derechos humanos.
FRENTE GRANDE LA PLATA. Mesa Ejecutiva
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